La figura de Lucrecia Hernández Mack ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses. Su sola participación como candidata a diputada por el Movimiento Semilla, generó mucha atención pues Hernández Mack fue durante un tiempo parte del gabinete del presidente Jimmy Morales a cargo del Ministerio de Salud.
La médico y cirujana de profesión dimitió del cargo en agosto de 2017 luego de reprobar la acción del Presidente Morales de expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Su postura no pasó desapercibida para la población y a raíz de esa experiencia incursionó en la política de manera abierta llegando a participar en los comicios de 2019 ocupando la primera casilla del listado nacional de diputaciones. Como resultado de esas elecciones, Hernández Mack resultó electa.
A partir de ese momento la controversia inició. Debido a procesos abiertos en su contra durante el período de administración que realizó en el Ministerio de Salud, la diputada electa no ha recibido el Finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas y, bajo ese argumento se indicó que no podría asumir el cargo.
Por su parte, el Congreso de la República de Guatemala, por medio de la Comisión Permanente del Congreso había resuelto que para asumir como diputado las personas electas debían presentar dicha constancia. Esta resolución vedaba el derecho de Mack para presentarse a asumir el puesto para el que ha sido electa. Ante esta situación, Hernández Mack presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que le permitiera asumir el cargo el 14 de enero de 2020.
El argumento indicado por Lucrecia Hernández Mack indica que esas son normas de inferior jerarquía en el orden normativo del país por lo que prevalen los mandatos contenidos en la constitución. Ante esta situación las redes sociales en nuestro país han estado polarizados y parcializados en cuanto a las postura de aquellos que muestran un respaldo a la diputada electa en contra de aquellos que no están de acuerdo con que ella asuma.
Lo cierto del caso es que, Guatemala no necesita de más división. El país necesita para lograr un desarrollo y progreso adecuado que la política sea ejecutada desde leyes que sean claras y aplicables a todas las personas. Las ambigüedades y opiniones subjetivas están de más cuando las jerarquías de gobernabilidad y las leyes son claras. Claro está, que se requiere que estos elementos estén a favor del crecimiento y fortalecimiento del orden constitucional y del estado de derecho.
Al momento de publicación de esta nota el proceso de transición en el congreso no se ha llevado a cabo por lo que se está a la espera de lo que sucederá.
